Atentado contra la democracia

Mientras más de cuarenta detenidos tras la represión de ayer esperan ser indagados, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, junto a otros legisladores, pidió que se allane el Ministerio de Seguridad y se investigue el ataque contra diputados nacionales.

Los diputados del Frente para la Victoria-PJ Agustín Rossi, Martín Doñate y Rodolfo Tailhade pidieron a la Justicia que investigue la responsabilidad penal de los uniformados y de las autoridades políticas durante el brutal operativo desplegado ayer en las inmediaciones del Congreso y exigieron que se allane el Ministerio de Seguridad y se llame a declaración testimonial a los diputados Darío Martínez, Horacio Pietragalla, Matías Rodríguez, Juan Manuel Huss, Victoria Donda y Leonardo Grosso, todos ellos víctimas directas de la represión.

La denuncia indica la posible comisión de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, “por cuanto se empleó la fuerza contra un funcionario público”, y “atentados al orden constitucional y a la vida democrática”, ya que los diputados sostienen que el Congreso no “pudo sesionar correctamente con todos sus miembros porque algunos de ellos fueron retenidos y heridos por las fuerzas de seguridad apostadas alrededor del Congreso”.

“La verdad es que esta denuncia la tendría que haber hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que debe velar por la seguridad de los diputados”, dijo a Página/12 Rossi. “Ayer se vivió algo inédito en la Argentina, con el Congreso militarizado, siete legisladores heridos y más de 45 detenidos en lo que fue una cacería que se extendió por nueve horas”, agregó Rossi, quien recordó que durante la candente discusión por la Resolución 125, en 2008, “no hubo operativo de seguridad y los productores agropecuarios entraron y salieron del parlamento durante 15 días”. 

El texto que ingresó hoy a tribunales apunta a las autoridades políticas que “ordenaron el insólito despliegue de miles de efectivos de las diversas fuerzas federales”, que incluyó la participación de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval. “Todos ellos bajo las ordenes de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del presidente de la Nación, Mauricio Macri, quienes pretendieron, a través de la represión, evitar que un conjunto de legisladores debidamente electos por la ciudadanía ejerciera su mandato”, advierten.

Para los diputados denunciantes, la operación represiva estaba “destinada a manipular el eventual resultado de la sesión a la que se había llamado al cuerpo, mediante una brutal represión ejecutada por las fuerzas federales”. Tras varios cruces y acusaciones, el oficialismo parecía haber conseguido quórum, que fue calificado como “trucho” por la oposición puesto que se contabilizó a legisladores que no había jurado, aunque finalmente la diputada Elisa Carrió pidió que se levantara la polémica sesión.

Mientras eso sucedía en el recinto, algunos diputados del bloque del Frente para la Victoria como de otros bloques, se encontraban fuera del Congreso, donde se estaba desplegando la represión. En esa circunstancia, destaca la denuncia, la diputada Mayra Mendoza fue “salvajemente atacada por miembros de las fuerzas de seguridad, conforme se pudo apreciar en las imágenes que circularon en los distintos medios de comunicación”.

También se menciona los casos del diputado Matías Rodríguez, quien perdió el conocimiento por los golpes de la Gendarmería y tuvo que ser atendido por un equipo médico, y de Pietragalla y Huss, rociados con gas pimienta. La denuncia además destaca que el 13 de diciembre, en otro operativo represivo, el diputado Leonardo Grosso fue atacado con un can de Gendarmería y la legisladora Victoria Donda fue golpeada por otro gendarme.

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